ANTES DEL FALLO DE LA HAYA: ACIERTOS Y DESACIERTOS

La diplomacia es el arte de la cautela y de la prudencia, y en ella, los gestos son más que significativos. A escasos tres días para que la Corte Internacional de La Haya emita su fallo sobre el diferendo marítimo entre Chile y Perú, éstos cobran una relevancia aún mayor porque, aunque se quiera relativizarlo, no se han cerrado del todo las heridas de una guerra infausta entre ambos países, y de uno y otro lado esa sensibilidad es fácilmente atizada por gente irresponsable.

La posición jurídica del Perú es sólida, qué duda cabe, pero no por ello debemos caer en el triunfalismo simplista. Es cierto que sólo un acto de genuino masoquismo nos llevaría a suscribir supuestos tratados fijando un límite marítimo que nos perjudique, obsequiando parte de nuestro mar. Un convenio pesquero es sólo eso, y su utilidad está restringida a ese tipo de faenas; por el contrario, un tratado de límites supone una serie de procedimientos que van desde la indicación expresa de que se están delimitando soberanías territoriales hasta su aprobación por el Congreso. Lo primero no ha ocurrido, lo segundo sí.

Tenemos fe en la sentencia porque nos basamos en el argumento jurídico de la línea equidistante; contrariamente, la defensa chilena ha variado hasta en tres oportunidades su postura durante los alegatos orales y ha presentado como medio probatorio de la existencia de un tratado de límites marítimos, el mapa de un texto escolar peruano que en nada califica de carta náutica. Sin embargo, hay un argumento de forma muy auspicioso para la posición chilena: el Perú acude ante la Corte echando mano de principios recogidos en la Convención del Mar de 1982, pese a no haberla suscrito, a diferencia de Chile que sí lo hizo. Y así como los argumentos de fondo (que nos favorecen) son importantes en todo proceso judicial, lo son también los de forma, y esto nos lleva a preguntarnos por qué nuestro país no es parte de la CONVEMAR. La respuesta que dan los entendidos se resume en una sola palabra: patrioterismo. Empeñados como estamos en nuestra declaración unilateral de doscientas millas de mar territorial, nos hemos quedado en la popa de un barco que navega hacia otro rumbo. Doscientas millas sobre las que –vale decirlo- nunca hemos ejercido actos de plena soberanía  ni de vigilancia absoluta.

Es por ello que no debemos caer en triunfalismos ni en posturas exacerbadas. Nos protege el Derecho Internacional y, a la vez, hemos prescindido de uno de sus más importantes instrumentos: la CONVEMAR que paradójicamente invocamos en el litigio. No hay que ser zahorí para estimar un resultado que no nos dé el cien por ciento de razón, como tampoco se la dará a Chile, por ello la necesidad de ser prudentes, pues sea cual fuere el resultado seguiremos compartiendo pared medianera con él y, en un mundo globalizado –frase que no es de simple cliché- como el que nos toca vivir, las diferencias limítrofes ya no se definen en guerras ni bajo el llamado ‘derecho de conquista’ que le sucedía, sino ante la Corte de Internacional de Justicia de La Haya, y hemos tenido el acierto de recurrir a ella.

Dicho esto, y aludiendo nuevamente a la prudencia y a la cautela de que hablábamos, es lamentable la postura de algunos actores políticos en los últimos días. El ex presidente Alan García, quien fue tan responsable al momento de presentar la demanda ante la Corte, comete desatinos tales que desdibujan la imagen de estadista que siempre buscó con avidez, develándonos a un político oportunista y mezquino, sediento de reconocimiento público y de un protagonismo que constitucionalmente no le corresponde, ya que la política exterior es de exclusivo manejo del presidente de la República, y hace poco más de tres años que no lo es. Su actitud, tan distante de los ex gobernantes chilenos reunidos con el presidente Piñera, lo empequeñece a despecho del ego colosal que le atribuyó la embajada norteamericana en nuestro país. Se ha convertido de un día a otro en la versión peruana del diputado chileno Jorge Tarud, conocido por su verborrea en contra de nuestro país, y desautorizado por su propio partido por unas infelices declaraciones de supuesta filtración del fallo de la Corte. De otro lado, poco ayuda al clima de unidad que debemos guardar por estos días el hecho de que el congresista Omar Chehade le atribuya el ‘triunfo’ de La Haya al presidente Humala quien, por cierto, ha manejado el tema con buen tino.

        Si hay que decirlo, la secuencia es la siguiente: 1) Durante el gobierno del presidente Toledo se dieron las líneas de base y se gestó la demanda bajo el liderazgo del canciller Manuel Rodríguez Cuadros; 2) El presidente García presentó la demanda compuesta por los profesionales de Torre Tagle y tuvo el acierto de mantener a un solo canciller durante todo su mandato (José Antonio García Belaunde) como gesto inequívoco  de persistencia en el tema; 3) Durante la gestión del presidente Humala se contrató al grupo de abogados que ha hecho la brillante defensa de nuestra postura (con Alain Pellet a la cabeza) y a cuya pericia deberemos en suma un resultado favorable. También ha tenido el acierto de continuar con el grupo de agentes diplomáticos formado durante el gobierno de su predecesor. Precursora de toda esta política de Estado es la acción del embajador Miguel Bákula, quien planteó durante el primer gobierno de García la necesidad de definir los límites marítimos ante el Estado chileno. No quisiéramos, pues, aunque los vemos venir, actos de reivindicación por parte de los ex gobernantes ni del actual a título de ‘obra de mi gobierno’.

Resta esperar al lunes 27 de enero para conocer el fallo, y el día 28 para entender qué tan maduros somos Chile y Perú para su implementación. Al fin y al cabo, vecinos y socios comerciales, tenemos como tales un destino común en esta parte del continente.

 Lima, 24 de enero de 2014