A una semana exacta de la consulta de revocatoria municipal, y con los resultados aún incompletos por cuanto resta contabilizar las actas impugnadas, es posible, sin embargo, sacar algunas conclusiones en frío:
1) El objetivo fundamental de los revocadores fue descabezar la Municipalidad de Lima. Revocar, a como diera lugar, a la alcaldesa Villarán y adelantar así las elecciones municipales. ¿Se consiguió? No. Los vecinos de Lima desestimaron esta pretensión y confirmaron a la señora Villarán en su cargo. Frustrado el objetivo principal, se está frente a una derrota del Sí, objetivamente hablando.
2) De acuerdo al conteo parcial de actas hecho por la ONPE, Fuerza Social, agrupación de la alcaldesa Villarán, perdería a diecinueve de sus veintiún regidores, entre ellos el teniente alcalde Eduardo Zegarra y la regidora Marisa Glave, dos de las voces mejor articuladas de la campaña por el No; entrarían a suplirlos provisionalmente otros diecinueve, también de Fuerza Social, hasta que se elija en noviembre a los regidores titulares, los que serán, en la práctica, tan efímeros como los provisorios. ¿Es grave esto para la alcaldesa? Sin duda, aunque no es la hecatombe que algunos han querido pintar: la señora Villarán contará con mayoría concejal hasta noviembre, lo que no es poco tiempo. De otro lado, tiene el apoyo comprometido del PPC para trabajar sin cortapisas hasta el fin de su mandato. El regidor Fernán Altuve ha dicho que Villarán es como un general que se queda sin ejército; una persona versada en Historia –y Altuve lo es- sabe, sin embargo, que un ejército sin cabeza tiende a diseminarse y desaparecer, por el contrario, un general sin ejército, con astucia y buen tino, puede formar uno nuevo y seguir dando batalla. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y no al revés.
3) Si del lado del No hubo bajas, las hubo también –y estrepitosas- en los predios del Sí. La ciudadanía ha castigado sin misericordia al ex alcalde Luis Castañeda, impulsor de la revocatoria desde las sombras, revocando con demoledora mayoría a su hijo (regidor que, además, ha reconocido que marcó No en su casillero y Sí en el resto, lo que denota un doble discurso). La misma suerte seguiría, de confirmarse los resultados, el regidor José Danos, esposo de Patricia Juárez, una de las más vehementes voceras del Sí. Esto deja a Castañeda padre sin presencia alguna en el Concejo. De otro lado, el trabajo denodado y a veces temerario de Juárez (denunciar sin pruebas un supuesto pago a una empresa encuestadora, y afirmar -también sin pruebas- que figuras de la farándula habrían cobrado por hacer campaña por el No) ha sido puramente en vano: no sólo no consiguió el propósito de revocar a la alcaldesa; contribuyó notablemente a la revocación de su marido. A veces, pues, no se sabe para quién –o para qué- se trabaja. Su propio aluvión terminó arrasando con ellos.
4) El mea culpa es siempre bienvenido y aplaudido. El electorado limeño aprecia de buen grado los gestos de humildad y condena la soberbia. Que la alcaldesa Villarán apareciera reconociendo las flaquezas y errores de su gestión le generó, sin duda, simpatías incluso entre quienes habían pensado votar por el Sí. Los impulsores de la revocatoria (Alan García y Luis Castañeda), sus voceros (Juárez, Mulder, etcétera) y sus entusiastas animadores (Aldo Mariátegui y Cecilia Valenzuela), han demostrado lo contrario; no han tenido la hidalguía de reconocer la derrota, gesto que lejos de avergonzarlos frente a la opinión pública, los hubiera enaltecido. Todos ellos han salido en televisión a decir que no han perdido nada, y casi surrealistamente han alzado los brazos en señal de victoria (Castañeda en el programa de Beto Ortiz; Patricia Juárez -la más perjudicada a nivel personal- y Mauricio Mulder, en más de uno; Aldo Mariátegui, con esos aires de suficiencia a que nos tiene acostumbrados, en el programa de Milagros Leiva; y Alan García en el de Cecilia Valenzuela, en una entrevista que semejaba más un acto de mutua consolación bajo el disfraz de que todo salió como esperaban). Esa altivez los pierde desde su propia condición de perdedores –valga la redundancia-, aunque cierto es que la memoria del peruano es frágil y no hay muerto político que duerma el sueño eterno bajo su lápida; García mismo es la cabal comprobación de ello.
5) El fracaso del objetivo central de los revocadores (la decapitación política de la alcaldesa para acceder ellos al control del municipio), nos trae, sin embargo, un costo que no se agota en los ciento diez millones de soles que, en cifras aproximadas, ha tenido que desembolsar el Estado para satisfacer la codicia de poder de sus impulsores. En noviembre tendremos que asistir nuevamente a votar, y eso significa que el Estado botará, gracias a García, Castañeda y compañía, cuando menos ciento diez millones de soles más, aunque hay quienes afirman que el costo total de ambos procesos no es menor a los quinientos millones de soles. Esto quiere decir que la ‘gracia’ de estos señores, nos costó y nos seguirá costando: sume a los gastos del Estado los suyos propios en tiempo y movilidad, y recuerde que todo eso se lo debe no a Marco Tulio Gutiérrez, tan sólo un simple operador, sino al dueto García-Castañeda. La plata, desde luego, no nos llega sola.
6) A lo largo de este proceso hemos visto defender la institución de la revocatoria a personas que, curiosamente, no están sujetas a ella. Sus defensores nos han hablado durante la campaña del derecho ciudadano a revocar a las autoridades incompetentes. Lo curioso es que no reconocen ese mismo derecho sobre ellos: la revocatoria no se aplica a congresistas como el señor Mauricio Mulder, el más locuaz vocero de García en este proceso. Tampoco se aplica a la figura del presidente de la República, de modo que García estuvo y presume estar a salvo a partir de 2016. Hay aquí una doble moral: “Soy excesivamente ‘democrático’ cuando se trata de guillotinar a otro, pero conmigo no te metas”. Y es aquí cuando debemos plantearnos una disyuntiva: o todos los cargos que se ejercen por votación ciudadana son revocables, o ninguno. Si tienen el mismo origen (la elección) no hay razón que convalide discriminar entre unos y otros, puesto que a igual razón (léase origen) procede igual derecho.